Caso Cascada: resolución de la Suprema sobre Ponce Lerou impulsa las demandas de las AFP

Mucho ruido generó la decisión de la Corte Suprema a principios de este mes, cuando confirmó que el empresario Julio Ponce Lerou fue el ideólogo de un esquema defraudatorio en el mercado de valores, que se conoció como Caso Cascada, el que fue sancionado en su momento administrativamente por la exSuperintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero)

Es de esto último a lo que intentan aprovechar las AFP Habitat y Provida -unas de las principales afectadas en el caso- en sus respectivas demandas en contra de los involucrados en el esquema, las que hoy se encuentran en la Corte de Apelaciones, acción que ha vuelto a agitar a las aguas en causas que no se caracterizan por tener mucho movimiento.

El abogado de las AFP, Enrique Alcalde, ingresó un escrito en el que argumentó que el tribunal de alzada debía considerar la resolución de la Suprema en las demandas de las gestoras previsionales en contra de Ponce Lerou, exejecutivos de SQM, empresarios y sociedades de inversión.

"Mediante sentencia de fecha 2 de octubre de 2020, nuestra Excma. Corte Suprema, conociendo de recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestos en el marco del procedimiento de reclamación de multa administrativa iniciado por el demandado Julio Ponce Lerou en contra de la Resolución Sancionatoria, confirmó los hechos sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros", dice el documento ingresado a mediados de este mes. 

La respuesta de Ponce y compañía

Los representantes de los involucrados en el caso se manifestaron en contra del escrito ingresado por el representante de las gestoras. El abogado de Ponce Lerou, Andrés Nieme, sostuvo que el documento de AFP Habitat que hace mención al fallo de la Suprema no agrega "nada nuevo" al debate legal.

"La sentencia que acompaña nada nuevo aporta a la discusión de autos y las nuevas 'ventajas que pretender la contraparte obtener de ella no tienen base jurídica alguna, solo pudiendo aplicarse los pretendidos efectos en flagrante contravención a las normas del debido proceso", señaló la defensa del empresario ligado a SQM, en un documento ingresado a la Corte de Apelaciones. 

Nieme, que también defiende al exejecutivo de la minera no metálica, Patricio Contesse Fica, y a algunas sociedades de inversión, acusó que con su jugada la administradora intenta "obtener dos efectos que resultan perniciosos para la correcta resolución de la causa".

Uno de ellos, se argumenta, es eximirse de mostrar pruebas en su propia demanda, mientras que el segundo punto es que la AFP intentaría traer a colación situaciones que ya fueron analizadas en la primera instancia judicial.

Lo que buscan las AFP

Ambas administradoras han acusado a los involucrados en el caso Cascada que dicho esquema habría tenido un perjuicio para los fondos de pensiones que invertían en esas sociedades.

Por eso, las dos AFP intentan que los demandados paguen de forma solidaria esa eventual pérdida. En concreto, Habitat acusa que la maniobra habría resultado en un perjuicio que sería de $ 5.492 millones en total, los que se distribuyen en $ 1.237,9 millones en el fondo A, 1.817,3 millones en el fondo B, $ 2.518,2 millones en el fondo C, $ 364,4 millones en el fondo D y 3,9 millones en el fondo E.

Por su parte, ProVida solicita que se le restituyan $ 5.381 millones. La distribución por fondo de los recursos corresponde a $ 1.122 millones para el fondo A, $ 1.567 millones para el B, $ 2.307 millones para el C y $ 383 millones para el D.